Con este título, el sábado 31 de agosto de 2002, el periódico argentino Clarín publicaba una información que mantiene plena actualidad. Hace unos días, el juez español Eloy Velasco, dictó un auto (procedimiento judicial) mediante el cual se vincula al gobierno de Venezuela con ETA, la organización terrorista vasca. En el documento del juez Velasco ha salido a relucir que en 1999, etarras y guerrilleros de las FARC de Colombia, establecieron relaciones oficiales en Cuba. Ésta es la información:

La organización terrorista vasca ETA mantuvo contactos con organizaciones guerrilleras de América Latina e incluso con el Gobierno de Cuba, además de instalar una empresa comercial con  ramificaciones en México y Uruguay, según una investigación realizada por el juez español Baltazar Garzón.

Esas afirmaciones están contenidas en un voluminoso expediente de 375 páginas que elaboró el juez español, antes de prohibir las actividades públicas de Batasuna, el brazo político de ETA, en el marco de la ofensiva lanzada contra la organización vasca por el gobierno de José María Aznar.

En su investigación judicial y en virtud de diversos documentos aportados por la policía, en su mayoría supuestamente incautados a ETA, Garzón afirmó que el grupo armado terrorista vasco mantuvo "fluidas relaciones" con las FARC de Colombia, el Frente Farabundo Martí de El Salvador y con el Ministerio del Interior de Cuba.

En cuanto a un presunto entramado empresarial de la organización en América latina, Garzón apuntó hacia la empresa vasca Banaka S.A, que -según el juez- desde fines de 1991 "está dirigida a crear una infraestructura empresarial y de negocios en los países del continente americano en los que ETA mantiene refugiados a algún miembro de su organización, con el fin de coadyuvar a su sostenimiento económico, logístico y laboral".

"Banaka -añadió el juez- desarrolla esta actividad en Cuba, México, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua, conjunta y coordinadamente con ETA". Garzón consideró que Banaka "utiliza la cobertura legal creada por ETA en estos países: en Cuba, a través del Grupo Ugao; en Uruguay, por medio de la infraestructura de la organización Tupac Amaru, y en México, la empresa Derra, propiedad de Lorenzo Llona Olalde".

"Son elucubraciones que no tienen ni pies ni cabeza", sostuvo el senador uruguayo José Mujica. El ex guerrillero que pasó 12 años preso durante la dictadura militar uruguaya (1973-85), líder del MPP (Movimiento de Participación Popular, integrado por el MLN) que es mayoría dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, afirmó que Garzón "dos por tres inventa una historia nueva".

El dirigente tupamaro Julio Marenales admitió que su organización mantuvo relaciones con Batasuna, "pero siempre en la legalidad". Cuando se le preguntó sobre las posibles relaciones de su organización con ETA, Marenales respondió enfáticamente: "Con ETA no, y no creo que (ellos) hagan contactos así nomás, con cualquier organización".

El juez también citó el "apoyo económico a través de la Casa de Lindavista, que se facilita a miembros de ETA en Nicaragua". En mayo de 1998, la policía española desmanteló en el País Vasco -durante una operación coordinada por Garzón- lo que según la versión oficial era un entramado empresarial vinculado a ETA que servía para dar cobertura de todo tipo a los miembros de la organización refugiados en América Latina.

Una de las empresas que según esta hipótesis daban cobertura financiera a ETA y Batasuna era Bermeo, radicada en Vizcaya, y dedicada a la exportación e importación de bacalao y otros productos de la industria pesquera.

Bermeo, prosigue la versión, mantenía relaciones comerciales con Cuba y otros países iberoamericanos. En el 2000, Garzón decretó la suspensión de las actividades de Xaki, organización calificada por el juez de "ministerio de exteriores de ETA", que también actuaba en América Latina. El juez aseguró que ETA, a través de su Comisión de Deportados, "establecía contactos y relaciones con otros grupos terroristas y revolucionarios internacionales", como las FARC de Colombia.

Un documento supuestamente capturado a ETA dice que quien es definido como "responsable del colectivo de etarras de Cuba", José Angel Urtiaga, propone a los jefes del grupo armado que el miembro de Batasuna, Jokin Gorostidi, "viaje a Colombia para desarrollar relaciones de colaboración con las FARC", según dice el expediente de Garzón.

La misma versión habla de una carta firmada supuestamente por Gorka Martínez, de Batasuna, en que solicitaba a Urtiaga, radicado en Cuba, que haga llegar "a nuestro amigo Renán" una misiva. Para Garzón, se trata de Renán Montero, "un responsable del Ministerio del Interior de Cuba".

El canciller Bruno Rodríguez, durante su retrasado discurso ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, no dijo ninguna infamia o sandez que ya no haya dicho el gobierno que representa para atenuar el escándalo internacional por la muerte del prisionero político Orlando Zapata Tamayo. Sólo que cada vez que lo intentan, les queda más torpe y peor.

Tan nervioso e indignado se puso Don Bruno que trocó las cuentas de los muertos de otras dictaduras. El canciller volvió a echar mano a  los 20 mil muertos de la dictadura de Batista. Una cifra que por estar tres o cuatro  veces exagerada, ya hace tiempo  ni Granma se atrevía a repetir. El razonamiento del canciller convierte así, por ejemplo, a la dictadura militar argentina (que mató o desapareció a 30 mil personas) en una modorra émula del régimen de Batista.

La muerte es una mensajera eficaz y despiadada. En sólo una horas --con la agonía final de Orlando Zapata Tamayo-- puso en primera plana, en casi todo el planeta Tierra, un panorama general ampliado del empeño diario del presidio político cubano por no perder la esperanza ni la vida.

Paradojas de la vida, tan sólo por unas horas la muerte del preso político cubano Orlando Zapata Tamayo, no coincidió con el tercer aniversario del fallecimiento en el exilio del mítico 'plantado', víctima también de la represión castrista, Mario Chanes de Armas, el recluso político que soportó la mayor permanencia en prisión por defender sus ideas: 30 años de reclusión, es decir, tres más que el cinematografiado Nelson Mandela.

Los recientes acontecimientos, que culminaron con una nueva tragedia para la libertad en Cuba, ya hiceron correr ríos de tinta en casi todas las latitudes, con excepción de los convenientes silencios, de amigos y socios en la complicidad con el régimen cubano, que ha sido centro de todo género de condenas por su responsabilidad en este crimen, que como alguién escribía, marcó un antes y un después de Orlando Zapata Tamayo.

El homicidio de Orlando Zapata Tamayo es particularmente deleznable porque los tentáculos tenebrosos del régimen se han ensañado esta vez con la vida de un humilde albañil negro, cuyo espantoso pecado consistió en incurrir en un “desacato a la figura del comandante”, en pedir la libertad de los presos políticos y la restauración de la democracia en Cuba.

Aplopress/Santiago de Cuba – La huelga de hambre, es el recurso supremo para demandar un derecho. Si con ella se trata de alcanzar un propósito, entonces hay varios elementos que se tienen que tener cuentas, para que la huelga no se convierta en un rotundo fracaso.

El propósito tiene que ser medible, medianamente posible y con una razón moral, que comprometa la moral pública de todos los que de una forma u otra, entren el juego de una verdadera huelga hambre. Además, esa razón moral es la que empodera al demandante, para llevar la huelga a sus máximas consecuencias. Todo huelguista debe tener voluntad de mártir, para soportar el sufrimiento y los riesgos que una huelga de hambre demanda, más cuando los síntomas de la muerte comiencen a aparecer.

Cuando los agentes fueron a buscarle, le dijeron que le llevaban a una comisaría para que contestara unas preguntas. No era la primera vez que las autoridades cubanas arrestaban a Darsi Ferrer.

De hecho, fue la última, porque los agentes le encerraron en una prisión de máxima seguridad de la que el director del Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas todavía no ha salido.

Una de las culpas de Víctor Rolando Arroyo Carmona fue querer recuperar la tradición de los Reyes Magos en Cuba.

Un deseo que en febrero de 2000 le costó una condena a seis meses de cárcel bajo la acusación de "acaparar bienes públicos". En realidad, Arroyo había comprado algunos juguetes en unas tiendas de Pinar del Río que cobran en divisas.